foto: hannah schildt
La regeneración política debe empezar por algo tan sencillo como aprobar una ley de acceso a la información pública. Tenemos el dudoso honor de ser uno de los cuatro países de la UE que no cuentan con este tipo de ley, y el borrador que el gobierno tiene guardado en un cajón es malo. Excusas como que el calendario legislativo está muy lleno no valen: cambien sus prioridades y pongan la transparencia lo primero. Y beban de otras leyes europeas e iberoamericanas: no hay que inventar la rueda. La ciudadanía tiene derecho a saber en qué se gasta su dinero, con qué lobbies (ONGs incluidas) se reúnen los políticos o los jueces, o cuántos coches oficiales, cuáles y a quién se han comprado este año.
Pero los debres no son sólo para el gobierno. El sector privado tiene un rol importantísimo en la creación de empleo y desarrollo de una sociedad más justa. Den la cara. Las grandes empresas pueden y deben hacer público el informe de los impuestos que pagan en todos los países en los que operan, así como las retribuciones de sus directivos. Los bancos deben cumplir su parte del contrato social: faciliten créditos a autónomos y PYMES, comprométanse firme y públicamente a abandonar la inversión en paraísos fiscales. Abrirse a la ciudadanía no puede traerles más que beneficios.
No es poco, pero tampoco es para tanto. Si se quiere, se puede. Muchas personas están dispuestas a poner propuestas encima de la mesa, la cuestión es si las fuerzas políticas están dispuestas a sentarse con ellas y remangarse para construir juntas una sociedad mejor. Si no es así, que lo digan bien clarito, para que sepamos a qué atenernos y dónde acampar.
