¿Me quieren? ¿No me quieren?

¿Me quieren? ¿No me quieren?

El Secretariado de Migración de la Diócesis Orihuela-Alicante acaba de presentar un informe en el que alerta sobre el impacto de la crisis en la situación de las personas inmigrantes de la provincia. Según el mismo, alrededor de 5.000 personas se sumarán el año que viene a las 42.000 que debido a la crisis han perdido su trabajo y con ello, su derecho a residir legalmente en España. Además, el informe destaca el importante incremento de la economía sumergida y explotación laboral debidos a esta situación.

Y todo gracias a algo que se describe con un término repugnantemente aséptico: “irregularidad sobrevenida”. Definición: trabajas legalmente durante años, pagas tus impuestos, contribuyes al crecimiento económico de España, te integras en la comunidad, en definitiva, eres un ciudadano como cualquier otro. Y de repente te quedas sin trabajo, con lo cual no puedes renovar tu autorización de residencia, y tú -y tu familia, ojo- os convertís en inmigrantes ilegales. Bonito, ¿eh?

Reconozco que me hierve la sangre ante injusticias tan obvias, ante nuestra capacidad de “utilizar” durante años a estas personas como mano de obra muy asequible, y ahora deshacernos de ellas sin miramientos.

Y vamos a desacreditar de una vez esos tópicos que oigo y leo sin parar, del estilo “sí claro, los españoles en el paro y les vamos a dar de comer a estos”. Si leyesen un poquito más, se darían cuenta de que los inmigrantes que trabajan legalmente-y que son de los que hablamos aquí- aportan más de lo que se llevan: según la Oficina Económica del Gobierno, en el año 2005 los inmigrantes aportaban 23.402 M€ a los ingresos públicos (el 6,6% de la recaudación total) y recibían 18.618 M€ (un 5,4% del total de gastos). Por lo tanto, eran contribuyentes netos a las arcas del Estado. Y resulta que esos mismos inmigrantes ahora no tiene derecho a nada. Les denegamos la autorización de residencia y au revoir. ¿Y no se nos cae la cara de vergüenza?

Al menos parece que el gobierno también se ha dado cuenta, y la Secretaria de Estado de Emigración e Inmigración decía ayer que “le preocupaba” esta situación, y que el gobierno intentaría intentará gestionar, “por lo menos, el ‘periodo puente’ hasta que la persona pueda desempeñar otras actividades“. Pues ya se pueden ir poniendo. Hace mucho tiempo que les avisaron de que esto iba a pasar. Espero que el reglamento de la Ley de Extranjería, en el que el gobierno está trabajando, ponga fin a esta injusticia.

Recomiendo también echarle un vistazo al otro informe presentado por el mismo Secretariado: ‘Pateras y Fantasmas‘, sobre los falsos mitos de la inmigración en pateras (en las que sólo llega el 1% de los inmigrantes ilegales).

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