Transparencia y democracia

Transparencia y democracia

Mi bolso es un auténtico agujero negro. Entre mi ipod, las gafas, el móvil del trabajo, el mío, la cartera, los documentos de la oficina, mi pen drive, y los recibos de mis últimas 347 compras pesa toneladas. Ayer me decidí a hacer una limpieza, y encontré un flyer con un manifiesto por una auditoría olímpica a Madrid 2016. El objetivo de este manifiesto es el de exigir una auditoría pública, partida por partida, del gasto olímpico desde el año 2000 hasta ahora. Como petición, me parece sensata y justa; lo sorprendente es que haya que recurrir a un manifiesto para conocer esas cifras.

En un país democrático como el nuestro, el acceso de la ciudadanía a la información de las administraciones públicas es extremadamente limitado. El derecho de acceso a la información es un derecho humano reconocido por el derecho internacional y por muchas constituciones, y más de 80 países en el mundo tienen leyes que regulan su ejercicio.  El concepto es bien simple: toda persona tiene derecho a solicitar y recibir la información que desee de todas las entidades públicas, sin tener que explicar para qué quieren la información o qué uso van a dar a la misma, y tienen el derecho de recibir una respuesta en un plazo breve y en un formato claro y comprensible. Por supuesto, y como para casi cualquier derecho, existen limitaciones -que deben estar regladas- como por ejemplo, información que pueda afectar la seguridad nacional.

Entre otras cosas, la garantía de este derecho es -como bien ha dicho mi compañera Helen Darbishire– una vacuna contra la corrupción. Cualquier persona debería poder solicitar de forma sencilla la información de cómo su ayuntamiento se está gastando el dinero público, tener acceso a los contratos realizados por la Administración, saber cuánto ingresa la SGAE por el canon o en qué lo está gastando, conocer cuántos inmuebles tiene un Ministerio, cuánto cobra un Ministro o, por qué no, cuánto se ha invertido en Madrid 2016.

Esto no es una utopía. Toda esta información ya está disponible para cualquier persona en más de 80 países, incluidos 23 de los 27 países de la UE. Pero no en España.

La Coalición Pro-Acceso a la información, formada por más de 30 organizaciones, está haciendo un fantástico trabajo para conseguir la aprobación de una ley de acceso a la información pública en España ley que para ser eficaz debería cumplir 9 principios básicos. Os recomiendo su informe “Cuando lo público no lo es”, y os animo a que apoyéis estos principios aquí.  Porque queremos saber.

4 Comentarios

  • juanan on Dec 28, 2009

    Felicidades por ese hábito, que dure 😉

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