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La decencia

decencia (Del lat. decentĭa).

1. f. Aseo, compostura y adorno correspondiente a cada persona o cosa.
2. f. Recato, honestidad, modestia.
3. f. Dignidad en los actos y en las palabras, conforme al estado o calidad de las personas.

Mientras Sánchez Gordillo atiende sin cesar a medios de comunicación y acapara titulares por asaltar supermercados y tomar una finca, cual Curro Jiménez contemporáneo, hay un grupo de hombres y mujeres buenos que se rebelan en silencio y sin cámaras ante otra injusticia, tan silenciosa como ellos. Una injusticia cobarde, indecente, que condenará a cientos de miles de personas en nuestro país a la enfermedad y la pobreza.

Esas personas son médicos, enfermeros y  enfermeras, personal administrativo y de servicios sanitarios que se niegan a acatar una norma injusta que vulnera los fundamentos éticos de su profesión: la supresión de la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares.   Estas personas decentes han decidido honrar el juramento hipocrático, el que dice  que la salud y la vida del enfermo serán las primeras de sus preocupaciones, y que no permitirán que entre su deber y su enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clase.

Y ante este elogiable (y extraño en estos tiempos) ataque de decencia, los estamentos se rebelan.  El Consejo de Enfermería les avisa de que tratar a los inmigrantes es inviable jurídicamente. El Ministerio de Sanidad les amenaza con sanciones administrativas. (Les recuerdo que el Ministerio lo dirige este el mismo partido que aplaudía la objeción de conciencia de los profesores frente a la Educación para la Ciudadanía.)

Los editores del blog 3500 millones están impulsando una iniciativa para que los ciudadanos podamos mostrar nuestro apoyo a estos profesionales. Para que sepan que no están solos. Para que sepan que hay más personas decentes que les aplauden y les agradecen el acto de valentía y dignidad, esa luz en la oscuridad moral de nuestros tiempos. Yo ya la he firmado. Hazlo tú tambien.

 

 

Víctimas y verdugos

Dicen que del primer trabajo nunca te olvidas. Yo no lo haré. Fue en Copenhague, en el Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (IRCT), una organización paraguas que agrupa a decenas de centros de rehabilitación para víctimas de la tortura en todo el mundo. Era el que salía en la película de Isabel Coixet “La Vida Secreta de las Palabras”. En ese trabajo aprendí muchísimo sobre las barbaridades a las que pueden llegar algunos seres humanos, y también, de la mano de muchas víctimas de la tortura de todo el mundo, sobre la supervivencia y la infinita capacidad de perdón que tienen otros. Muchas veces creemos que la muerte es lo peor que te puede pasar, pero allí aprendí que no: la tortura es infinitamente peor. Y también aprendí que por horripilante que sea el dolor físico, el psicológico es mucho más profundo y duradero.

He seguido trabajando en el campo de los derechos humanos y la cooperación, pero pocas veces he vuelto a sentir la mezcla de rabia e indignación que sentí en ese trabajo. Hasta el otro día. Fue en la presentación de “Miradas tras las rejas”, el informe anual sobre el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche que elabora la organización Pueblos Unidos. Seguro que, como yo, ya habéis oído hablar de estos centros, los CIE. Repartidos por toda España, allí van a parar muchos extranjeros sin papeles.

No tener papeles no es un delito, pero los CIE sí son una cárcel, o peor. Mi amiga Cristina Manzanedo, una fabulosa, sensata y nada radical abogada y coordinadora del informe nos contaba durante la presentación lo que han podido documentar durante las más de 200 visitas que han podido realizar al centro de Aluche este año.

No sé ni por dónde empezar: policías sin placa de identificación, insultos y humillaciones a los internos, del tipo “moro de mierda, sois la escoria de este país” o “como no te deporten esta vez te vas a cagar”; mezcla de delincuentes peligrosos con personas cuya única falta ha sido no tener papeles; celdas sin baño, e imposibilidad de acceder a los baños durante la noche; personas que son envueltas en plástico durante horas para que no se resistan al ser deportadas; golpes cuando alguien intenta protestar por las condiciones… Allí estaba también Marius, un camerunés que ha estado más de 50 días en el CIE, estancia que resumía así: “Llevaba 6 años en este país cuando me internaron, yo no mato, no robo”. “El abogado de oficio no te deja su teléfono, el médico solo sabe de paracetamol e ibuprofeno, la gente sufre, llora…estamos mezclados con gente que está mal de la cabeza, nos tratan como animales; los policías te insultan”.

En este post no cabe todo lo que oí ni lo que sentí. Vergüenza de ser ciudadana española y de que estas cosas pasen en mi país; rabia de que a nadie le preocupe qué pasa en estos agujeros negros jurídicos, que por no tener no tienen ni un reglamento que los rija;  indignación por saber que hay servidores públicos que hacen cosas como las que cuenta el informe. Y no, no pongo a toda la Policía en el mismo saco, porque como Cristina también dejó muy claro, no todos los policías se comportan igual, y algunos son correctísimos en su trato. Pero vivimos en España, no en Birmania. Ningún policía, ninguno, debe seguir en el cuerpo si hace cualquiera de estas cosas.

Pueblos Unidos y otras muchas organizaciones llevan años denunciando estas situaciones. Y no son los únicos: ya en el mes de Abril un juez ordenó al CIE de Aluche proporcionar una dieta especial y acceso al cuarto de baño a una mujer enferma de cáncer. Ahora ha pasado lo que más tarde o más temprano tenía que pasar. Ayer nos enteramos de que hace más de 8 días falleció una mujer aquejada de meningitis. He intentado buscar su nombre en los medios de comunicación, pero no lo he conseguido.  En el CIE las personas no tienen nombre, tienen un número. Era africana, eso sí lo sé, y entró en el CIE por no tener papeles. Tras su muerte, un juez de Madrid ha reconocido las pésimas condiciones sanitarias y el “palmario hacinamiento” que existe en este centro. Yo recuerdo las palabras de Marius: si te duele algo ni te miran, te dan un iburprofeno. Nunca sabremos si a ella le pasó lo mismo, ni si se podría haber salvado.  Lo que sí podemos es decir que nos importa.

Vergüenzas

 

Hoy les voy a contar una historia, la historia de Kaila.

Kaila no ha cometido ningún delito –a no ser que sea un delito irte a otro país a buscar una vida mejor. Como no ha hecho nada malo y no la pueden meter en la cárcel, las autoridades del país la han encerrado en un centro para personas como ella. 

A Kaila le han diagnosticado un cáncer intestinal grave, y por eso necesita ir al baño frecuentemente, de día y de noche, y muchas veces con urgencia. Pero su habitación está cerrada y no tiene inodoro, y cuando llama al timbre los guardias tardan mucho, a veces muchísimo, en abrir la puerta para acompañarla al baño. Así que ya se imaginan lo que pasa. Los amigos que pueden visitarla le traen algunos productos para ayudarle en su higiene, pero los guardias –alegando motivos de seguridad- no se los dejan pasar.

Kaila necesita una medicación y una dieta determinadas. Pero en el centro la comida es la misma para todos, y sólo hay un médico y un enfermero, que no siempre la pueden o quieren atender. Le sube la tensión, y de vez en cuando se desmaya. Sus familiares le escriben para que no se sienta sola, pero las cartas le llegan abiertas, a pesar de que la policía no tiene ningún derecho a abrirlas o leerlas.

Hay personas que han querido denunciar el comportamiento de algunos policías, pero no pueden porque no saben quienes son, ya que –en un gesto propio de mafioso carcelero americano de la Milla Verde– éstos le dan la vuelta a su placa reglamentaria para que no se puedan ver sus números de identificación.  

Me gustaría decir que esto es una historia irreal, pero lo único irreal es el nombre de Kaila.

Me gustaría decir que esta historia sucede en Birmania, o en la República Centroafricana, pero por mucha vergüenza que me dé, resulta que sucede aquí al lado, en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche.

Me gustaría decir que la historia es exagerada, pero lo confirma todo un Auto del Juzgado de Instrucción Nº 6 de Madrid  que ordena al director del Centro tomar las medidas necesarias para garantizar el cuidado de Kaila y el resto de personas internas –que pueden no ser todos angelitos, pero son personas.

El auto es del mismo juez –Ramiro García de Dios– que hace unos meses ordenó abrir el CIE a las visitas de las ONG. Les recomiendo en este foro los comentarios de algunos policías sobre esta medida y sobre el juez que la dictó. Y les recomiendo también leer esta entrevista con el juez, una de esas personas que –en mi modesta opinión- cuentan con el menos común de todos los sentidos: el sentido común. Pero juzguen ustedes mismos.

Identifíquese

 

Adivinen dónde está hecha esta foto. ¿Guatemala? Podría ser. ¿Colombia? Frío, frío. ¿Honduras? No, más cerca. Es aquí al lado, en Aluche, o en Lavapies.

Reconozco que la primera vez que oí lo de las “brigadas vecinales de observación” me temblaron las carnes. El nombre me traía a la mente a esos grupos de ciudadanos bastante sonados y bien armados que habitan en algunas comunidades blancas de EEUU para proteger a sus congéneres y su raza. Me equivocaba de pleno. Las brigadas vecinales de observación de derechos humanos no dan miedo. Son grupos están formados por personas procedentes de diferentes colectivos y asociaciones de barrio de Madrid, y se organizan para rechazar las redadas masivas  contra las personas inmigrantes que, como bien documenta el fotógrafo Edu León, son el pan nuestro de cada día.

No llevan pistolas, sino un chaleco bien naranja, boli y libreta. A mi me gustan, porque aprovechan sus papeles para hacer sentir menos miedo a los que no los tienen. Porque altruistamente hacen lo que debería estar haciendo el Estado, si fuese ético:  recuerdan a las personas inmigrantes sus derechos, y a la policía sus limitaciones.

Y algo deben estar haciendo bien, porque –como en Guatemala y Colombia y otros lugares de cuyo nombre no quiero acordarme- las autoridades los consideran incómodos y están intentando sacárselos de en medio via multazos de la Delegación del Gobierno de Madrid: 301 euros, más o menos la misma cantidad que les cae a las personas inmigrantes que no llevan la documentación encima. Y no es sólo en Madrid, en Valencia pasan cosas parecidas.

Ojo, lo de las redadas no lo digo yo, ni unos cuantos locos de izquierdas: lo ha dicho la ONU, y varias veces.  La última, hace tan sólo unas semanas, cuando el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas pidió a España que acabe con los controles de identificación basados en “perfiles étnicos y raciales” que, en la práctica, se traducen en “detenciones indiscriminadas” y “restricción de derechos” de los extranjeros. Blanco y en botella.

Pero la ONU ya había avisado en julio de 2009, cuando el Comité de Derechos Humanos condenó a España y le recordó al gobierno y  al Tribunal Constitucional que la raza no debe ser usada como indicio de posible situación ilegal en los controles de identidad. Y todo gracias a una sola persona, Rosalind Williams, a la que acabo de añadir a mi lista de mujeres valientes. Rosalind es una mujer española que nació en Nueva Orleans y lleva más de 40 años en España. Un día de la Constitución –qué ironía- cuando iba con su marido y su hijo por la estación de tren de Valladolid, un policía de paisano le pidió que se identificase. Así, sin más, y sólo a ella. Porque resulta que Rosalind es negra, y el policía  tenía instrucciones de identificar a “gente como ella”. Esto fue en 1992, pero parece que ciertas cosas no cambian nunca.

Y a todo esto leo – en La Razón nada menos- que según decenas de expertos reunidos por la Fundación Ortega-Marañón será necesaria una segunda oleada de inmigración en España hacia el año 2015 para cubrir la mano de obra que los españoles no pueden proporcionar.

Si es que somos imbéciles.

Edu León-Redada en Pacífico

¿Me quieren? ¿No me quieren?

El Secretariado de Migración de la Diócesis Orihuela-Alicante acaba de presentar un informe en el que alerta sobre el impacto de la crisis en la situación de las personas inmigrantes de la provincia. Según el mismo, alrededor de 5.000 personas se sumarán el año que viene a las 42.000 que debido a la crisis han perdido su trabajo y con ello, su derecho a residir legalmente en España. Además, el informe destaca el importante incremento de la economía sumergida y explotación laboral debidos a esta situación.

Y todo gracias a algo que se describe con un término repugnantemente aséptico: “irregularidad sobrevenida”. Definición: trabajas legalmente durante años, pagas tus impuestos, contribuyes al crecimiento económico de España, te integras en la comunidad, en definitiva, eres un ciudadano como cualquier otro. Y de repente te quedas sin trabajo, con lo cual no puedes renovar tu autorización de residencia, y tú -y tu familia, ojo- os convertís en inmigrantes ilegales. Bonito, ¿eh?

Reconozco que me hierve la sangre ante injusticias tan obvias, ante nuestra capacidad de “utilizar” durante años a estas personas como mano de obra muy asequible, y ahora deshacernos de ellas sin miramientos.

Y vamos a desacreditar de una vez esos tópicos que oigo y leo sin parar, del estilo “sí claro, los españoles en el paro y les vamos a dar de comer a estos”. Si leyesen un poquito más, se darían cuenta de que los inmigrantes que trabajan legalmente-y que son de los que hablamos aquí- aportan más de lo que se llevan: según la Oficina Económica del Gobierno, en el año 2005 los inmigrantes aportaban 23.402 M€ a los ingresos públicos (el 6,6% de la recaudación total) y recibían 18.618 M€ (un 5,4% del total de gastos). Por lo tanto, eran contribuyentes netos a las arcas del Estado. Y resulta que esos mismos inmigrantes ahora no tiene derecho a nada. Les denegamos la autorización de residencia y au revoir. ¿Y no se nos cae la cara de vergüenza?

Al menos parece que el gobierno también se ha dado cuenta, y la Secretaria de Estado de Emigración e Inmigración decía ayer que “le preocupaba” esta situación, y que el gobierno intentaría intentará gestionar, “por lo menos, el ‘periodo puente’ hasta que la persona pueda desempeñar otras actividades“. Pues ya se pueden ir poniendo. Hace mucho tiempo que les avisaron de que esto iba a pasar. Espero que el reglamento de la Ley de Extranjería, en el que el gobierno está trabajando, ponga fin a esta injusticia.

Recomiendo también echarle un vistazo al otro informe presentado por el mismo Secretariado: ‘Pateras y Fantasmas‘, sobre los falsos mitos de la inmigración en pateras (en las que sólo llega el 1% de los inmigrantes ilegales).